En las últimas horas hemos conocido de la sanción de una UTM, por haber obrado en contra del principio de la buena fe procesal y a la ética, que se impuso por un juez civil de Concepción a un abogado litigante que en una presentación ante el tribunal citó sentencias de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema respecto de la cuestión controversial.
El juez verificó que todas las sentencias no tenían relación alguna con la supuesta cita jurisprudencial, lo que llevó al abogado a reconocer que había redactado el escrito con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) con un sistema contratado por el estudio jurídico al que pertenece, justificando el error en una «alucinación de datos» (Sic) que en algunas oportunidades tendrían dichos sistemas, sin precisar cuál fue la proveedora del servicio.
Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas al Derecho y, específicamente en la búsqueda de jurisprudencia, pueden generar resultados falsos como le ocurrió al abogado sancionado por el juzgado civil de Concepción y ello se debe a la existencia de proveedores de servicios que no han sido cuidadosos en el desarrollo de las soluciones que comercializan.
Observamos que dichos proveedores ofrecen acceso a una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) con la promesa de ser un buscador perfecto y preciso de sentencias, sin saberse qué desarrollo hay detrás ni como se trató la base de conocimiento (jurisprudencia), lo que puede derivar en que los usuarios pueden incluir en sus presentaciones judiciales sentencias que no se sabe si efectivamente existen o fueron creadas «artificialmente». Asimismo, puede que la sentencia citada tenga un enlace verificable pero muy posiblemente no tiene ninguna relación con el criterio jurisprudencial al que se alude.
Más preocupante aun es el hecho que la oferta de proveedores de Inteligencia Artificial (IA) lo sea utilizando la base de sentencias del Poder Judicial, la que ha sido cuestionada por la inexperiencia de la empresa a la que se le asignó por trato directo el desarrollo de dicha plataforma, y el hecho que no se trata propiamente tal de una base de jurisprudencia seleccionada y analizada, sino de sentencias que sin conocerse los criterios de publicación, en un porcentaje mayoritario no incluyen argumentos respecto de la solución del caso.
Se hace necesario que los diversos actores en el ámbito del litigio en Chile asuman el desafío de definir criterios básicos respecto de los servicios que proveen Inteligencia Artificial (IA) en la búsqueda de jurisprudencia y evitar así el uso indebido de herramientas que generan como resultado fallos inexistentes que pueden confundir la labor jurisdiccional.