La demandante dedujo demanda de responsabilidad extracontractual en contra del Servicio de Salud, acusando negligencias en la atención del parto de la primera, que tiene como consecuencia que sufriera la pérdida de su segundo hijo y una histerectomía que la dejo estéril a los 26 años de edad. En lo medular, refieren que el día 29 de noviembre de 2013, la madre ingresó a la urgencia del Hospital de Castro porque presentaba fiebre y contracciones intrauterinas, sin embargo, debido al mal trato que dice recibió del médico de turno y de una matrona durante la atención de salud prefirió solicitar al galeno poder irse a su casa, teniendo presente que en caso de urgencia vivía a solo 7 a 10 minutos del nosocomio.

El caso se centra en la demanda presentada por María Luisa, quien fue sometida a una intervención quirúrgica el 20 de julio de 2013, debido a un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo. Durante esta cirugía, se utilizó un producto llamado MEROCTANE, fabricado por Meran Tip Ltd. de Turquía. Posteriormente, la paciente sufrió una pérdida de visión en su ojo derecho, que se atribuyó al uso de este producto defectuoso. La cirugía fue realizada por un médico contratado por el Hospital San Borja Arriarán, y el uso del MEROCTANE se realizó sin conocimiento de que el producto estaba en mal estado.

El caso se centra en una demanda de responsabilidad extracontractual presentada por doña Margarita, en representación de sus hijos menores, en contra de una Municipalidad. La demanda surge a raíz de un incidente en el que su marido, don Armando, fue víctima de un ataque con arma blanca el 1 de diciembre de 2015, lo que le causó heridas cortopunzantes en el abdomen. Fue atendido en urgencias del Cesfam y luego de ser derivado a otros centros de mayor complejidad a los que solicitó atención falleció.

El caso se centra en la demanda de indemnización de perjuicios presentada por la familia de Wilson contra el Servicio de Salud de Atacama, específicamente el Hospital Regional de Copiapó. W. fue diagnosticado con cáncer vesicular invasivo el 25 de octubre de 2017, pero la atención médica especializada que necesitaba fue retardada en cinco meses, ya que solo fue atendido el 13 de marzo de 2018. Para ese momento, el tratamiento de quimioterapia ya no era viable debido a la progresión de la enfermedad.

El caso surge por una demanda de indemnización de perjuicios deducida por 4 hijos y una nieta de una persona fallecida por falta de servicio de salud. La demanda se funda en que doña E. murió debido a un trombo pulmonar que fue causado por un error en el diagnóstico médico, específicamente la omisión de prescribir medicamentos anticoagulantes a la paciente, a pesar de que ella tenía antecedentes de problemas de coagulación y era mayor de 60 años. Los demandantes argumentan que la muerte de doña E. ha causado un profundo dolor y sufrimiento emocional a sus hijos, quienes buscan una compensación por el daño moral padecido.

El caso se centra en una demanda de indemnización por daños presentada contra el Servicio de Salud. Los demandantes alegaron que hubo una falta de servicio en la atención médica de una paciente, específicamente en relación con el tratamiento de una neumonía. Los argumentos de la parte demandante incluyen la afirmación de que no se realizaron exámenes radiológicos necesarios para evaluar la gravedad de la condición de la paciente y que no se administraron los medicamentos adecuados para tratar su fiebre. Además, se cuestionó la veracidad de los testimonios de los médicos que atendieron a la paciente, sugiriendo que no se cumplió con los estándares médicos requeridos.

El día 28 de noviembre de 2020 a las 00:23 horas, don F. ingresó en la Unidad de Emergencia del Hospital San Juan de Dios. A las 01:00 horas fue ingresado a pabellón, con diagnóstico de: “Traumatismo abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego y trauma cerrado de mecanismo desconocido”. La cirugía realizada: “Laparotomía exploradora más nefrectomía izquierda más rafia diafragmática más pleurostomía izquierda”, a raíz de un accidente de tránsito. A las 08:06 horas, el paciente no respondió a drogas vaso activas ni a aporte generoso de volumen y se constató fallecimiento.

El caso surge por una demanda de indemnización de perjuicios presentada contra el Hospital Militar de Santiago. La demanda se basa en la alegación de que el hospital emitió un diagnóstico erróneo sobre la enfermedad del demandante, lo que resultó en que este fuera sometido a un tratamiento de quimioterapia innecesario. La parte demandante argumenta que el hospital incurrió en una falta de servicio al no realizar un diagnóstico adecuado y al someter al paciente a un tratamiento que no era necesario. Se alega que la atención médica no cumplió con los estándares requeridos (lex artis médica).

El caso surge por una demanda por falta de servicio de salud por no haberse adoptado por parte del hospital y del equipo médico las medidas preventivas frente a las prexistencias del paciente, a quien sin justificación aparente habrían suministrado un medicamento sin considerar su morbilidad, lo que redundó en su fallecimiento. Los demandantes, familiares de la víctima fallecida, argumentan que sufrieron daños morales y materiales como resultado de la actuación deficiente del servicio médico, que no tomó las medidas adecuadas para prevenir el fallecimiento del paciente.

La sentencia de primera instancia acogió la demanda condenando a ágar $50.000.000 al cónyuge de la víctima y $25.000.000 a cada uno de sus hijos. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación.