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En los resultados disponibles se advierten dos orientaciones relevantes:
1.- Control de estereotipos en la valoración probatoria. La perspectiva de género se entiende como una herramienta para identificar prejuicios o roles culturales que puedan incidir indebidamente en la reconstrucción de los hechos y en la apreciación de la prueba. No supone alterar las exigencias del debido proceso ni prescindir de las reglas procesales aplicables.
2.- Debida diligencia reforzada ante violencia de género. En asuntos de violencia contra la mujer, las Cortes han destacado el deber estatal —incluido el judicial— de prevenir, investigar y sancionar sin imponer a la víctima exigencias probatorias desproporcionadas o asentadas en estereotipos.
3.- Compatibilidad con garantías procesales. La incorporación de esta perspectiva no autoriza a desconocer principios como la congruencia procesal o el derecho de defensa. Su función es mejorar la investigación, valoración y decisión del caso, no suplir deficiencias estructurales de la imputación o de la prueba.
SENTENCIAS RELEVANTES
Corte Suprema, Rol 69687-2021. La Corte aborda la perspectiva de género como una herramienta útil para detectar estereotipos que puedan condicionar la valoración probatoria y producir reconstrucciones erróneas de los hechos. Al mismo tiempo, el fallo la sitúa dentro de los límites propios del proceso penal, particularmente del principio de congruencia: el enfoque de género no permite sustituir las exigencias de una imputación debidamente delimitada ni afectar las garantías de defensa.
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Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 1723-2022. La Corte vincula la perspectiva de género con el deber de debida diligencia derivado de la Convención de Belém do Pará. Destaca que la resolución de conflictos relacionados con violencia contra la mujer debe prescindir de discriminaciones y estereotipos, evitando exigir a la víctima un estándar de prueba irrazonablemente elevado, como si debiera acreditar los hechos de forma absoluta e irrefutable.
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