El arrendatario presentó una demanda de terminación de contrato de arrendamiento e indemnización por daños y perjuicios, alegando que el arrendador incumplió con su obligación de garantizar la seguridad del módulo arrendado, lo que resultó en la sustracción de bienes en tres ocasiones. El arrendador sostiene que cumplió con su obligación de entregar el módulo y que el arrendatario era responsable de adoptar medidas de seguridad para proteger sus bienes. La demandante invocó el deber de seguridad, previstas en los artículos 1924 N° s 2 y 3, 1927 y 1929 todos del Código Civil.

El caso consiste en una acción de desahucio presentada por don L., quien en calidad de copropietario de un inmueble ubicado que heredó junto a sus hermanos tras el fallecimiento de su madre,la que a su vez había celebrado un contrato de arrendamiento verbal con el demandado hace más de diez años, por el cual pagaba una renta mensual de $100,000 por el uso de dos piezas del inmueble. El demandando deduce la acción en ejercicio del mandato tácito y recíproco de los comuneros.

Se dedujo una demanda de terminación de contrato de arrendamiento y, en subsidio de desahucio, sosteniendo el demandante que el acto jurídico tenía la naturaleza de arrendamiento con opción de compra.

Así, en este caso, la controversia se reduce a la calificación jurídica de un contrato que las partes han denominado como arrendamiento con opción de compra. Sin embargo, se cuestiona si las cláusulas del contrato realmente se corresponden con los elementos esenciales de esta figura contractual mixta. Se menciona que el contrato en cuestión contiene tanto un arrendamiento como una promesa de compraventa, y se destaca la importancia de identificar claramente los elementos esenciales de ambas modalidades contractuales para determinar adecuadamente su naturaleza.

El caso consiste en una demanda de nulidad e inoponibilidad deducida por el propietario de un inmueble contra el mandatario y el arrendatario, argumentando que no hubo concurrencia de voluntad por parte del demandante, lo que haría el contrato inoponible a él, ya se da en la especia una extralimitación del mandato del mandatario que firmó el contrato en su nombre, en calidad de arrendador, y a su vez con una sociedad de la que es administrador, en calidad de arrendatario, a una renta inferior a la que se le había instruido en el mandato.

El caso se centra en un incendio ocurrido en un local comercial, que fue atribuido a una sobrecarga eléctrica debido al uso de cables en malas condiciones, ya que tenían diámetros inferiores a los que correspondía y la propagación se debió a la presencia de materiales acelerantes en el lugar, como vestuario y otros propios de un local comercial. El arrendatario no se hace cargo de los daños al local y sostiene que esas reparaciones no le correspondían.

El caso surge por una demanda de terminación de contrato de arrendamiento y cobro de rentas adeudadas a la fecha de la presentación de la demanda correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023, además de la multa contractual moratoria acordada por las partes en el contrato, equivalente a un 10% de las rentas adeudadas, por cada mes o fracción de mes de atraso en el pago ya que abandonaron el inmueble arrendado y no dieron abuso oportuno al arrendador con 60 días de antelación al vencimiento, según lo estipula el contrato de arrendamiento.

El caso surge por una demanda de terminación de contrato de arrendamiento deducido por el demandante sobre la base de que entre las partes se pactó como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2020, sin renovación automática, y manteniéndose el arrendatario en la propiedad pagando la renta hasta que en el mes de mayo de 2023 envía carta aviso de término y restitución para el 30 de septiembre de dicho año. Asimismo, solicitó el pago de la diferencia de reajuste de las rentas por el período posterior al vencimiento del contrato. Así la controversia surgió por la aplicación de lo señalado en el artículo 1956 del Código Civil.

El caso surge por una demanda deducida por el arrendador de un camión en contra del arrendatario en que solicita la terminación del contrato por no pago de las rentas y el cobro de las mismas. El demandado sostiene que el pago lo realizó antes de la interposición de la demanda y, por ello, no corresponde declarar el término del contrato.

El caso surge por una controversia en torno a la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución de la renta que fue pagada anticipadamente por la parte arrendataria a la arrendadora por la limitación para el desarrollo de ciertas actividades impuesta por la autoridad administrativa, y destinada a mitigar o impedir los contagios por COVID-19, constituyéndose en un defecto de la cosa, de tipo jurídico, que integra el supuesto de hecho previsto por el artículo 1932 del Código Civil.

El caso surge por una demanda de terminación de contrato de arrendamiento en que la demandada alega la falta de legitimación pasiva. La demandada sostiene que las acciones legales deberían dirigirse contra todos los herederos del fallecido y no solo contra ella.