El caso surge por una demanda de pensión alimenticia presentada por don D. en contra de su madre y sus dos hermanas. La sentencia de primera instancia condenó a la madre a pagar una pensión alimenticia a su hijo. La demanda subsidiaria de alimentos interpuesta contra sus hermanas fue acogida, condenando a cada una a proporcionar una pensión alimenticia al demandante.

El caso se centra en la disputa sobre la fijación de una pensión alimenticia provisional para Emilia, hija de la demandada. Argumenta que la cantidad de 15,87 UTM fijada como pensión es insuficiente para cubrir las necesidades de E., dado que representa solo el 22,47% de sus gastos totales. Se menciona que la demandada, quien es ingeniera y tiene un patrimonio significativo, debería contribuir con una cantidad mayor, solicitando un aumento a no menos de 47 UTM.

Por otro lado, la demandada se opone a la pensión, argumentando que su hija no está en estado de necesidad y que la pensión actual excede el límite legal. Además, señala que tiene otras obligaciones alimenticias y que su hija, casi de 24 años, está a punto de terminar sus estudios y tiene sus propios ingresos. A lo anterior, añade que E. en otro juicio alimenticio con su padre habría modificado el pago de la pensión por la cobertura directa de parte de su progenitor de sus necesidades.

El caso surge por una demanda de alimentos para la cónyuge e hijas del alimentante. El alimentante percibe una renta mensual que oscila entre los $2.400.000 y los $3.000.000, existiendo además bonos que recibe el mes de marzo que oscilan entre los $8.000.000 y los $10.000.000, lo que daría un total de remuneraciones mensuales entre los $2.700.000 y los $3.300.000. El juzgado de familia fijó por cada una de las hijas del alimentante una pensión alimentos que en total suma de $2.088.000 aproximadamente, equivalentes a 10,24 UTM por cada niña, a lo que se suman $205.000 por concepto de alimentos mayores -para la cónyuge- dando un total de $2.293.000, es decir, más del 50% de las rentas acreditadas del alimentante.

Un alimentante presentó una demanda para la rebaja de la pensión alimenticia que se le había fijado anteriormente. La sentencia original, emitida el 23 de abril de 2023, estableció que debía pagar una pensión equivalente a 6,64 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para el sustento de sus hijas.

Argumentó que sus ingresos habían disminuido y que no podía cumplir con la obligación alimenticia debido a su dedicación al cuidado de sus hijas menores. Los demandados indicaron que el alimentante seguía generando ingresos informales como psicólogo.

El caso se centra en una demanda de alimentos presentada por doña M., madre de tres hijos, contra su suegra, doña E. tras el fallecimiento del padre de los niños en 2013, los que según la demandante tienen necesidades económicas que deben ser cubiertas. Los niños asisten a la escuela y tienen gastos anuales significativos, además de requerir atención psicológica. Sus necesidades se tasaron en aproximadamente $1.458.552.

Tras la muerte del padre, los niños heredaron varios bienes, incluyendo predios agrícolas. Sin embargo, algunos de estos bienes han sido vendidos o están sujetos a usufructo, lo que ha afectado el patrimonio disponible para los niños.

En resumen, el caso trata sobre la obligación de la abuela paterna de proporcionar alimentos a sus nietos, a pesar de que estos han recibido una herencia, y la discusión sobre si los niños se encuentran en una situación de necesidad que justifique dicha obligación.

El caso se centra en una demanda de aumento de pensión de alimentos presentada por G. en nombre de su hija menor contra su padre, argumentando que han cambiado las circunstancias económicas y de necesidad de la alimentaria. La pensión de alimentos vigente es de 2,45452 UTM (equivalente a aproximadamente $161.917 mensuales), la cual se considera insuficiente para cubrir las necesidades diarias y de salud de la menor.

Se argumenta que han pasado 11 años desde que se fijó la pensión actual y que las condiciones económicas del padre han mejorado, lo que justifica un aumento en la pensión.

En el juicio se acompaña un informe social que detalla la situación socioeconómica de la familia de la demandante, indicando que los ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades de la menor. Este informe es fundamental para argumentar la necesidad de un aumento en la pensión.

El caso surge por una demanda por acción pauliana de alimentos deducida por la cónyuge y tres hijos menores en contra del alimentante. Señala que en el mes de octubre de 2019 cesó la convivencia conyugal y el demandado vendió el inmueble donde habitaban como familia a un tercero con quien comparte negocios y es cercano a la familia, mediante escritura pública suscrita el 28 de noviembre de 2019, ello, en medio de ofertas de transacción de materias relativas a los hijos comunes, y no obstante ello, sigue viviendo en dicho lugar como arrendatario.

El demandante es el padre de la demandada, quien, a la fecha de dictación de la sentencia tiene 26 años de edad, es odontóloga, alumna regular de especialización en endodoncia desde el primer semestre del año 2018 al segundo semestre del año 2020, circunstancia que se tuvo en vista al momento de fijar los alimentos.

Sobre la base de los hechos acreditados tanto el juzgado de familia como la Corte de Apelaciones concluyeron que la alimentaria mantiene vigente su derecho a percibir alimentos; además, que no es procedente la modificación del régimen alimentario al no haber acreditado el demandante el cambio de las condiciones que se tuvieron en vista al fijarlos, toda vez que se encuentra dentro del supuesto legal del artículo 332 inciso segundo del Código Civil.

El alimentante presentó demanda de cese de alimentos en contra de su hija de 22 años, señalando que el 9 de mayo de 2023, recibió su título de técnico de nivel superior en cosmetología y estudia una segunda carrera. Por lo anterior, argumenta que la alimentaria está en condiciones de generarse ingresos propios.

El caso surge por una demanda de cese deducida por el alimentante en contra de su hija mayor de 27 años, sobre la base de que obtiene ingresos propios y que cuenta con una carrera profesional ya cursada, a lo que se añade que la alimentaria pretende comenzar estudios de una nueva carrera.

El caso surge por una demanda de alimentos deducida por un hijo de 18 años que vice con su madre en contra de su padre. El juzgado de familia acogió la demanda y condenó al demandado a pagar la suma $2.673.571 mensuales.