El caso se centra en una demanda por daños y perjuicios presentada por Héctor contra Empresas de Servicios Sanitarios. El demandante alegó que sufrió daños morales y materiales debido a un derrame de aguas servidas que ocurrió el 7 de agosto de 2017 y que se prolongó hasta diciembre de ese mismo año. Este incidente causó molestias y perturbaciones en su hogar, afectando su calidad de vida y la de su familia.

El caso surge por un accidente de tránsito ocurrido el 28 de abril de 2015 en la Ruta 5 Sur donde un bus colisionó con un animal bovino que había ingresado a la carretera. Este accidente resultó en la muerte de un menor de 12 años. Se demanda por los padres y el hermano del menor fallecido indemnización por daño moral, ello en base a la responsabilidad de la concesionaria de la autopista por el hecho ilícito civil.

El caso surge por una demanda indemnizatoria por responsabilidad extracontractual a raíz de las lesiones que sufrió la demandante en dependencias del centro comercial y a metros del acceso principal al público, en compañía de su marido y de su madre, y dado que había un forado en el piso, se cayó producto de la desestabilización que le provocó una palmeta rota, doblándose el tobillo izquierdo y al tratar de sostenerse, apoyó su mano izquierda, lesionándose gravemente, -según informe médico-, se trataría de fracturas múltiples en la mano izquierda. La demandante solicita se le indemnice el daño emergente y el daño moral que estima en $8.000.000.

La demanda en este caso se refiere a una acción de indemnización de perjuicios presentada por una de las afectadas que alega haber sufrido daños debido a la despreocupación del demandado en relación con un sitio colindante a la vivienda que habitan y así sea ocupado por terceros que denomina “okupas” los que perturban la vida de los vecinos, atendida la suciedad que impera en el lugar, las fiestas diarias que realizan, con música a alto volumen, además del hecho de encender fogatas, provocando un incendio que provocó daños totales en la cubierta, muros y pisos del inmueble, así como también pérdidas parciales de baños, techos y muros. Agrega que ante la ruina total de la casa quemada, se vieron obligados a usar como vivienda la antigua bodega de la librería, y para estos hechos, tuvieron que incurrir en muchos gastos.

El caso surge por una demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de C., a fin de hacer efectiva su responsabilidad civil extracontractual por los daños ocasionados por un incendio que se inició en el inmueble que la demandada arrendó para ejercer sus actividades, siniestro que se produjo por el calentamiento de los conductores eléctricos por fallas que ya habían sido advertidas por trabajadores de la demandada. El fuego se propagó a los locales aledaños, nueve de los cuales son de propiedad de la actora y solicita la indemnización por $196.292.880 a título de daño emergente y $56.910.144 por concepto de lucro cesante.

206 personas que corresponden a 107 grupos familiares demandan a una inmobiliaria, la Municipalidad de Valparaíso, ESVAL S.A. y el Gobierno Regional V Región, imputando responsabilidad a los demandados en el incendio acaecido el día 14 de febrero de 2013, alrededor de las 15 horas en el sector San Roque de la comuna de Valparaíso, el que quemó las viviendas de los actores. Imputan responsabilidad a la inmobiliaria demandada por cuanto los trabajos de corte con esmeril que realizó el trabajador condenado en sede penal y que provocó el incendio fueron encomendados por dicha empresa.

La controversia se refiere a la responsabilidad civil de los padres por los actos de sus hijos menores y la indemnización por los daños causados a la demandante como resultado de un accidente de tránsito, ya que el hijo menor conduciendo el vehículo de éstos, sin licencia, a los 16 años de edad, provocó el accidente de autos, lo que conduce a estimar directamente la falta de vigilancia que ejercieron sobre su hijo, y que derivó en las consecuencias dañosas y lesivas.

El caso surge por la demanda deducida por una sociedad comercial en contra de una empresa de telecomunicaciones que la informó como morosa en el Boletín Comercial, lo que no tiene sustento alguno debido a que no mantiene deuda alguna con la demandada. Así se vio impedida de concretar un crédito solicitado a un banco debido a la citada morosidad. Solicita indemnización del daño moral y lucro cesante.

El juzgado civil de primera instancia acogió la demanda sólo por el daño moral por la suma de $15.000.000. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia.

El caso surge por una demanda indemnizatoria por responsabilidad extracontractual en contra de un notario por no asistir ni verificar las identificaciones de los comparecientes vendedores, en la toma de firmas en la escritura de compraventa de un inmueble en la que comparecieron falsos vendedores a quienes se pagó la suma de $14.000.000. Aun cuando la compraventa fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces se procedió a la subinscripçión al margen de la misma de dicho hecho.

El notario demandado reconoció que no estuvo presente al momento de la suscripción de la escritura pública; y que las firmas fueron tomadas por un funcionario, quien le habría llevado hasta su despacho las cédulas para verificar las identidades, sin observar en ellas ninguna anomalía, agregando, que durante dicha operación permaneció en una oficina vecina, lo que le permitía visualizar a los vendedores.

El caso surge por una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual presentada deducida en contra de un notario público. La demanda surge a raíz de la autorización de una escritura pública titulada «Liquidación, Adjudicación y Partición de Comunidad Hereditaria», en la que se señala que las firmas de los demandantes fueron falsificadas. Los demandantes argumentan que la negligencia del notario al autorizar la escritura permitió que un falso mandatario sustrajera fondos de los herederos, causando un daño económico directo y previsible a los demandantes, cuantificado en $171.817.369.

El caso surge por una demanda daños emergentes relacionados con inundaciones que afectaron a la propiedad de la demandante. La demandante alegó que las inundaciones fueron causadas por la actividad de riego de la demandada, que se realizaba de manera negligente, lo que resultó en daños a su propiedad. Cabe tener presente que la controversia en este juicio también se centró en el valor probatorio de los documentos que emanan de terceros.

El caso consiste en una demanda presentada por el Fisco de Chile contra J, en la que se solicita una indemnización de perjuicios por un total de $24.177.339. Esta suma corresponde a fondos que, según la acusación, fueron sustraídos de Carabineros de Chile por una organización criminal en la que J. actuó como testaferro y reclutadora de un funcionario involucrado en el delito. Los hechos se desarrollaron entre 2006 y 2017, y se alega que J. recibió el dinero en una cuenta a su nombre, a sabiendas de su origen ilícito, y que posteriormente lo entregó a otros miembros de la organización. En 2019, fue condenada en un juicio abreviado por malversación de caudales públicos. La demandada opuso la excepción de prescripción, argumentando que la acción estaba prescrita debido al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la notificación de la demanda.

Así la cuestión controversial dice relación con el efecto jurídico de la aceptación de los hechos en juicio abreviado penal en cuanto a si se considera una renuncia tácita a la prescripción.

El caso surge por una demanda por indemnización de perjuicios por responsabilidad por hecho ajeno que se funda en que el 4 de febrero de 2015, en un sitio eriazo de propiedad de la demandada O., se produjo un incendio de pastizales, siendo formalizados los demandados H y F, quienes se encontraban realizando trabajos en el lugar, utilizando una maquina soldadora, teniendo conocimiento de la existencia de pastizales secos inflamables en el lugar y atendida la gran cantidad de chispas que provocaba la soldadura de una plancha de metal que intentaron adosar a una máquina retroexcavadora para habilitar el balde de agua de dicha máquina, se encendieron los pastizales secos que se encontraba alrededor del lugar donde se encontraban realizando los trabajos, comenzando el fuego en forma radial para luego extenderse hacia el oriente, específicamente hasta las dependencias de la Barraca y Mueblería de propiedad de la demandante, que resultó destruida por la acción del fuego, además de cuatro casas vecinas.